A casi dos meses del homicidio de Cecilia Lazcano, ocurrido el 16 de julio en Alvear, la causa atraviesa una etapa de fuerte tensión entre la querella y la fiscalía de Santo Tomé.

El abogado querellante Juan Saucedo denunció demoras en medidas consideradas clave para la investigación, cuestionó la situación procesal de la menor imputada y planteó la posible participación de una tercera persona identificada como “Max”.

Saucedo sostuvo que la investigación debería haber avanzado con mayor rapidez desde el inicio y afirmó que buena parte de las medidas se impulsaron por la insistencia de la familia de Cecilia y de la propia querella.

Actualmente, el expediente se encuentra a la espera de declaraciones testimoniales de amigos de la víctima, todos menores de edad, que deberán realizarse mediante Cámara Gesell.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la situación de la menor de 17 años, acusada como coautora e instigadora. La querella consiguió la nulidad de una resolución del 28 de agosto que le permitía residir en Santo Tomé con libertad de movimientos, sujeta únicamente a escolarización y tratamiento psicológico.

Posteriormente, el 3 de septiembre, se dictó una nueva resolución que estableció prisión domiciliaria en Santo Tomé. Esa medida también fue apelada por la querella.

Saucedo cuestionó que no existan garantías suficientes para impedir que la menor mantenga contacto con posibles testigos. La audiencia que deberá resolver si se modifica esa medida está prevista para este viernes 11 de septiembre.

La hipótesis de un tercer implicado

La querella incorporó además una nueva línea de investigación relacionada con una persona mencionada como “Max” en chats intercambiados entre los dos menores imputados.

Según Saucedo, esta persona sería pariente de la madre de la menor acusada. El abogado cuestionó que esta hipótesis haya sido descartada sin un análisis científico que permita determinar si realmente existió participación de un tercero.

La querella también sostiene que existen indicios de que personas adultas podrían haber intervenido en algunos intercambios de mensajes, debido a cambios de vocabulario y expresiones que, según el abogado, no serían habituales entre menores.

Otro punto cuestionado es el análisis de los teléfonos celulares secuestrados. Aunque se habría realizado una primera extracción de datos, la querella sostiene que todavía falta completar el entrecruzamiento integral de la información.

Saucedo también mencionó pedidos que, según afirmó, continúan pendientes, entre ellos una recompensa para testigos con reserva de identidad y medidas relacionadas con los teléfonos de los padres de la menor imputada.

Finalmente, el abogado confirmó que presentará una recusación contra el fiscal Facundo Cabral ante el Superior Tribunal de Justicia y el Ministerio Público Fiscal de Corrientes.

Desde la querella consideran que todavía existen líneas de investigación pendientes y rechazan que la causa pueda darse por cerrada en esta instancia.