Estados Unidos vuelve a mostrar su peor cara: la de una justicia extraterritorial que pretende dictar órdenes a países soberanos como si el mundo fuera un tablero donde solo ellos mueven las piezas. Esta vez, en el marco del juicio por la expropiación de YPF, la jueza Loretta Preska ordenó al Estado argentino entregar los teléfonos celulares de funcionarios y exfuncionarios. ¿El motivo? Facilitar un proceso de “discovery” promovido por los fondos buitre Petersen y Eton Park, que buscan demostrar que el Estado y YPF “son lo mismo”.

Pero lo que verdaderamente está en juego no es solo un procedimiento judicial, sino la soberanía de un país. La medida, denunciada por la Procuración del Tesoro argentino, no solo viola leyes locales, sino también las del propio sistema judicial norteamericano. Una paradoja ridícula, pero que no sorprende viniendo de quienes históricamente se creyeron jueces del mundo.

Esta intromisión no es aislada. Es parte de un modus operandi aceitado: cuando no pueden con la diplomacia o los mercados, accionan a través de sus juzgados, disfrazando intereses geopolíticos de tecnicismos legales. Y para eso cuentan con los fondos buitre, esos parásitos de la especulación financiera internacional, como Burford Capital, que sin vergüenza alguna reconoció que usa estos procesos para “arrojar arena en los engranajes” de la economía argentina.

La pregunta es directa: ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que una jueza de Manhattan le diga a un Estado soberano qué celulares entregar, qué conversaciones mostrar, o qué activos transferir? Porque eso es lo que pretenden. Si prospera esta lógica, ya no se trata de YPF ni de un fallo puntual, sino de permitir que desde una oficina en Nueva York se decidan políticas públicas argentinas.

La apelación presentada por Argentina va más allá de lo técnico. Busca evitar un daño irreversible: la pérdida del control estatal sobre la principal empresa energética del país. Y si el “turnover” de acciones se ejecuta, no solo será una victoria para los fondos buitre: será una derrota para la democracia, para el federalismo, para el derecho de los pueblos a decidir su destino sin la tutela de ningún imperio.

Desde nuestro lugar como comunicadores, como argentinos, y como defensores de una patria libre, no podemos quedarnos callados. Lo que está en juego no es un expediente. Es nuestra historia, nuestra dignidad y el límite que estemos dispuestos a marcarle a quienes creen que la ley yanqui rige en todo el planeta.

Argentina no necesita jueces importados ni manuales coloniales. Necesita justicia soberana, memoria activa y un gobierno —cualquiera sea su signo— que no se arrodille frente a los tribunales del Norte.