El Tribunal de Juicio de Paso de los Libres, en su modalidad unipersonal a cargo del juez Marcelo Ramón Fleitas, condenó a Willian Brown y Elías Ruiz a la pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva, con accesorias legales y costas, por el delito de abigeato agravado, tal como lo establece el artículo 167 quáter, incisos 2° y 4° del Código Penal.

El hecho ocurrió en noviembre de 2021 en un establecimiento rural cercano a la localidad correntina de Tapebicuá, cuando ambos imputados fueron sorprendidos en flagrancia mientras intentaban trasladar más de 130 animales vacunos que habían sido sustraídos y remarcados de manera irregular. La intervención de la policía impidió que los animales fueran removidos del lugar.

Durante el juicio, Brown, un médico veterinario, aseguró que su participación se limitaba a brindar asistencia sanitaria a los animales, negando cualquier vinculación con la actividad ilícita. “Yo solo era el veterinario matriculado, no tuve nada que ver con la compra o venta de esos animales. Me culpan por ser coautor cuando ni siquiera estaba en la parte comercial”, expresó en declaraciones a diarioepoca.com. Sin embargo, el Tribunal no dio lugar a su defensa y lo consideró partícipe necesario en el delito.

La acusación estuvo a cargo del fiscal Facundo Alfredo Sotelo, mientras que las defensas particulares de los imputados fueron ejercidas por los doctores Gustavo Javier García, María Agustina Jordan, Nelson Ramón Pessoa y Justo Pío Sierra. Tras analizar las pruebas y los alegatos de las partes, el juez Fleitas remarcó en su fallo la gravedad del hecho y la necesidad de una sanción ejemplar.

“La flagrancia con la que fueron sorprendidos los acusados no deja lugar a dudas: estaban a punto de trasladar un número importante de animales sustraídos y remarcados irregularmente. Frente a estos delitos rurales que tanto daño causan a los productores, corresponde aplicar una pena efectiva de prisión para desalentar estas conductas y proteger la propiedad privada”, sostuvo el magistrado.

Asimismo, el Tribunal ordenó que continúe la investigación para esclarecer otros posibles hechos delictivos relacionados con el caso, dado que podrían existir vínculos con maniobras similares en la zona.

Con esta sentencia, la Justicia envía un mensaje firme contra el abigeato, un delito que sigue afectando al campo y a los pequeños y medianos productores ganaderos de la región.