La británica Rockhopper aseguró un financiamiento de 140 millones de dólares para avanzar en el yacimiento León Marino, en sociedad con la israelí Navitas Petroleum. Pese a las sanciones argentinas, el silencio del Gobierno nacional y los acuerdos con Londres allanaron el camino para la explotación ilegítima en el Atlántico Sur.
La empresa
petrolera británica Rockhopper anunció la obtención de 140 millones de dólares
mediante colocación de acciones en el mercado financiero, recursos destinados a
la primera fase de explotación del yacimiento León Marino, en la Cuenca Norte
de las Islas Malvinas. Se trata de un proyecto que, según la propia compañía,
podría iniciar operaciones hacia fines de 2026, con reservas estimadas en 1.700
millones de barriles de crudo.
El consorcio
empresarial que impulsa la iniciativa está compuesto por Rockhopper (35%) y
Navitas Petroleum (65%), pese a que esta última fue sancionada en 2022 por la
Secretaría de Energía argentina con 20 años de inhabilitación para operar en el
país, en el marco de la Ley 26.659. Desde 2011, Argentina considera ilegales
todas las operaciones en la plataforma continental de las Malvinas sin
autorización de las autoridades nacionales.
El avance
británico contrasta con el silencio del presidente Javier Milei, quien en julio
evitó pronunciarse frente a la asunción del gobernador ilegítimo del
archipiélago, Colin Martin-Reynolds. En paralelo, el acuerdo firmado en 2024
entre la excanciller Diana Mondino y el secretario de Relaciones Exteriores del
Reino Unido, David Lammy, fortaleció la logística británica en el Atlántico Sur
y fue celebrado por Rockhopper.
En este contexto,
la política de Milei revive la senda de los acuerdos firmados durante los
gobiernos de Carlos Menem y Mauricio Macri, que facilitaron la explotación de
hidrocarburos sin resolver la cuestión de la soberanía. El proyecto León
Marino, que promete ganancias por más de 3.500 millones de dólares, coloca a
las Malvinas como potencial polo energético de exportación hacia Reino Unido,
Europa y Asia.
Mientras tanto,
Londres refuerza su presencia militar en el Atlántico Sur, con ejercicios
recientes del Tercer Batallón de Paracaidistas, y proyecta nuevas obras de
infraestructura en el archipiélago. La estrategia británica se articula con
Estados Unidos y se enmarca en la disputa global por recursos estratégicos y
control geopolítico de la región.
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