El proceso de privatización y relicitación de corredores viales nacionales ya tuvo impacto directo en Corrientes, donde alrededor de 150 trabajadores de estaciones de peaje fueron despedidos y recibieron la liquidación correspondiente.

Los empleados afectados prestaban tareas en distintos puntos de la provincia, entre ellos las estaciones ubicadas en el puente General Belgrano, Riachuelo e Ituzaingó, sobre la Ruta Nacional 12.

Con las desvinculaciones concretadas, la principal preocupación pasa ahora por saber si los nuevos concesionarios absorberán parte del personal o si la reducción de puestos será permanente.

Uno de los factores que genera mayor inquietud es el avance de la automatización del cobro de peajes, con sistemas que contemplan una mayor utilización de códigos QR y otras modalidades que reducen la necesidad de trabajadores en las cabinas.

Desde el sector laboral advierten que la modernización tecnológica podría traducirse en una reducción estructural de la dotación, sin garantías de reincorporación para quienes ya fueron despedidos.

El proceso avanzó además con la adjudicación de distintos corredores viales a empresas privadas por un plazo de 20 años.

Para Corrientes, el denominado Tramo Litoral, que incluye sectores de las rutas nacionales 12 y 16, fue adjudicado a JCR S.A. y Néstor Julio Guerechet S.A., dentro del nuevo esquema de concesiones.

La tarifa base informada para ese corredor quedó fijada en $2.876,04 más IVA.

A la preocupación laboral se suma el debate por la posibilidad de instalar nuevas estaciones de peaje en distintos puntos de la región.

En Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua manifestó su rechazo a la eventual instalación de un nuevo puesto de cobro sobre la Ruta Nacional 12, a la altura de Puerto Rico.

En Corrientes, también se analiza la posibilidad de una nueva estación en las inmediaciones de Paso de los Libres, sobre la Ruta Nacional 14, un corredor clave para el tránsito de cargas y la conexión con el Mercosur.

Mientras el Gobierno nacional sostiene que el nuevo modelo busca reducir la dependencia de subsidios estatales y financiar el mantenimiento vial mediante peajes, los trabajadores afectados reclaman garantías sobre la continuidad laboral.

La combinación entre privatización, automatización y reducción de personal mantiene así abierta la preocupación en Corrientes, donde unas 150 familias ya quedaron alcanzadas por los despidos.