El Ministerio Público Fiscal apeló el sobreseimiento de 4 personas
acusadas de explotar sexualmente a una adolescente en Paso de los
Libres entre los años 2013 y 2014.
La medida fue presentada por la fiscal subrogante de la Sede
Descentralizada Paso de los Libres, Mirian Benítez, junto a la fiscal de la Unidad
Fiscal Corrientes Tamara Ahimará Pourcel y el auxiliar fiscal Gabriel
Romero Olivello, contra la resolución del juez federal de
garantías Gustavo
Fresneda. Markdown pegado
El magistrado había declarado extinguida por prescripción la
acción penal respecto de R.B.O., S.R.P., J.J.C. e I.R.C., y en consecuencia
dispuso el sobreseimiento de la madre de la víctima y de los otros 3 imputados.
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Según la acusación fiscal, la víctima tenía 15 años
cuando habría sido ofrecida y entregada por su madre para mantener relaciones
sexuales con distintas personas de Paso de los Libres, otras localidades
correntinas y la provincia de Buenos Aires. Markdown pegado
La investigación sostiene además que la adolescente habría sido
recibida y acogida con fines de explotación sexual y que parte de los hechos se
habrían desarrollado en una chacra vinculada a algunos de los acusados.
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En la apelación, el MPF cuestionó el criterio utilizado para
calcular el plazo de prescripción y sostuvo que el juez no tuvo en cuenta las
obligaciones internacionales vinculadas con la debida diligencia, el acceso a la
Justicia y la tutela judicial efectiva de mujeres víctimas de violencia de
género. Markdown pegado
Los fiscales también sostuvieron que fijar de manera rígida el
inicio del plazo de prescripción en 2013, sin determinar con certeza cuándo
cesó la afectación al bien jurídico, constituye una fundamentación defectuosa.
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Otro de los argumentos centrales es que el caso involucra a una
víctima menor de edad y que, según el MPF, deben aplicarse de manera conjunta
los principios de la denominada Ley Piazza y la Ley 27.206 para evitar que los
delitos vinculados con abuso y trata sean analizados de forma aislada. Markdown
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La fiscalía también cuestionó que no se haya ponderado
adecuadamente la vulnerabilidad de la víctima, el tiempo transcurrido hasta la
denuncia y los obstáculos propios de investigaciones de esta naturaleza.
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Ahora será la instancia superior la que deberá analizar el recurso
presentado por el Ministerio Público Fiscal y resolver si mantiene o revoca los
sobreseimientos dictados.









