La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia avanzó esta semana con nuevas declaraciones en la causa que investiga la denominada Masacre de El Zapallar, ocurrida el 7 de septiembre de 1933 en el entonces Territorio Nacional del Chaco, donde fueron asesinados alrededor de 50 integrantes del pueblo Moqoit.

La audiencia se realizó en la Biblioteca Cervantes de la localidad chaqueña de San Bernardo y estuvo encabezada por integrantes del Ministerio Público Fiscal, entre ellos los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Amad, el fiscal federal Patricio Sabadini y el fiscal ad hoc Diego Vigay.

Durante la jornada declararon once descendientes de sobrevivientes de la masacre: Sixto Lalecori, Alfredo Salteño, Juan Carlos Martínez, Florencio Ruiz, Gustavo Casares, Francisco Rojas, Anselmo Cardozo, Rubén Salteño, Abelino Oliva, Mario Tomas y Héctor José. Muchos de ellos llegaron desde distintos parajes y localidades del interior chaqueño para aportar los relatos transmitidos durante décadas por sus familias.

Los testimonios coincidieron en reconstruir el dramático contexto que atravesaban las comunidades indígenas en 1933, marcado por una fuerte sequía, hambre extrema y falta de alimentos. Según los relatos, cerca de 300 personas de la comunidad Moqoit iniciaron una peregrinación desde la Reducción Napalpí hacia El Zapallar —actual General San Martín— con el objetivo de conseguir trabajo y comida.

La marcha recorrió aproximadamente 100 kilómetros y estuvo encabezada por el cacique Luis Durante. A medida que avanzaban, se sumaron grupos provenientes de Charata, Quitilipi y Sáenz Peña.

Los descendientes relataron que las familias avanzaban divididas en pequeños grupos y colocaban a mujeres y niños al frente para demostrar que se trataba de una movilización pacífica. Sin embargo, al llegar a la localidad fueron recibidos por efectivos policiales y civiles armados que comenzaron a disparar.

Según los testimonios incorporados a la causa, muchas víctimas murieron en el lugar y otras intentaron escapar cruzando el Río de Oro. Allí varias personas se ahogaron y numerosas familias quedaron separadas, sin volver a encontrar a algunos de sus hijos y familiares.

La investigación sostiene que la represión fue ordenada por el entonces comisario Francisco Prestera y ejecutada por policías locales, refuerzos llegados desde Resistencia y civiles armados, bajo el argumento de defender a la población de un supuesto “malón”.

Además de los testimonios, la causa reúne expedientes judiciales de la época, certificados de defunción, investigaciones históricas y libros especializados sobre pueblos originarios y represiones indígenas en el Chaco.

La fiscalía también incorporó antecedentes del Juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí, considerado un hecho histórico clave para el reconocimiento de los crímenes cometidos contra comunidades indígenas en Argentina.

En representación de los pueblos originarios participaron autoridades del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), quienes remarcaron la importancia de convertir los relatos orales en pruebas judiciales para preservar la memoria colectiva y reclamar justicia histórica.

El municipio de San Bernardo declaró de interés municipal la jornada de testimonios y destacó “la valentía de los descendientes que transforman la memoria familiar en verdad histórica”.