Un nuevo frente de conflicto se abrió en el ámbito político y mediático luego de que trascendiera que el Gobierno nacional analiza impulsar un proyecto de ley para obligar a periodistas a presentar declaraciones juradas de bienes, en un esquema similar al que rige para los funcionarios públicos.

La propuesta, que ya comenzó a circular en despachos oficiales, habría sido acercada de manera informal a diputados de distintos espacios, incluidos sectores del kirchnerismo, con el objetivo de evaluar posibles apoyos en el Congreso. Según fuentes legislativas, la iniciativa se enmarca en una creciente tensión entre el Ejecutivo y parte del periodismo crítico.

El clima se volvió más tenso en las últimas semanas tras fuertes cuestionamientos del presidente Javier Milei hacia medios de comunicación, en particular contra el diario La Nación, en medio de controversias vinculadas a la figura del vocero presidencial, Manuel Adorni.

Desde la oposición, varios legisladores ya anticiparon su rechazo al proyecto. Advierten que la medida podría interpretarse como un mecanismo de presión sobre la prensa, al equiparar a periodistas con funcionarios públicos en materia de obligaciones patrimoniales.

Además, el contexto incluye otros episodios recientes que profundizaron la preocupación en el sector, como restricciones al ingreso de periodistas a la Casa Rosada y la difusión de datos personales en redes sociales, situaciones que ya generaron repercusiones judiciales y denuncias públicas.

Mientras tanto, el debate comienza a instalarse en el Congreso y en el ámbito periodístico, donde se analizan las implicancias de una eventual norma que podría modificar de manera sustancial las condiciones del ejercicio profesional en el país.