El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) atraviesa una de las crisis más profundas de su historia tras el anuncio de despidos masivos que podrían superar los 700 trabajadores, en el marco de una política de ajuste impulsada por el Gobierno nacional.

La decisión, que responde a lineamientos del Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado, apunta a reducir drásticamente la estructura del organismo y eliminar funciones estratégicas, muchas de las cuales serían transferidas al sector privado. Desde distintos sectores denuncian que se trata de un proceso de vaciamiento deliberado que debilita la capacidad tecnológica e industrial del país.

Según trascendió tras una reunión entre autoridades del INTI y el Consejo Directivo, la magnitud de los despidos exigidos desde el Gobierno podría incluso duplicar la cifra inicialmente mencionada, lo que agrava aún más el escenario de incertidumbre y conflicto interno.

El propio presidente del organismo, Miguel Romero, tomó distancia de la medida y aseguró que no convalidará despidos durante su gestión, al sostener que el acuerdo original contemplaba una reducción de servicios, pero no la expulsión masiva de trabajadores. La fractura interna en la conducción deja en evidencia la presión política para avanzar con el ajuste.

Trabajadores y delegados advierten que la eliminación de áreas técnicas y la pérdida de personal calificado impactará directamente en controles de calidad, certificaciones y asistencia a la industria, funciones esenciales que históricamente garantizó el INTI. Además, cuestionan que la transferencia de estas tareas al sector privado prioriza intereses económicos por sobre la seguridad y el desarrollo productivo nacional.

En este contexto, los trabajadores convocaron a una jornada de protesta con conferencia de prensa frente al organismo, en rechazo a lo que califican como un “ataque directo” al sistema científico-tecnológico argentino y sus capacidades estratégicas.

El conflicto crece y expone una política de ajuste que no solo recorta empleo, sino que redefine el rol del Estado, debilitando áreas sensibles en nombre de la desregulación y el achicamiento.