El Gobierno nacional decidió apelar el fallo judicial que ratificó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795), que obliga a actualizar salarios docentes y no docentes, recomponer becas estudiantiles y garantizar partidas para investigación.

La resolución fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que avaló la medida cautelar sobre la norma sancionada en octubre de 2025 tras la insistencia del Congreso. Frente a este escenario, el Ejecutivo presentará un recurso extraordinario y, en caso de rechazo, recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En paralelo, el oficialismo analiza cumplir parcialmente con la decisión judicial mediante transferencias mensuales, con el objetivo de evitar un impacto fiscal pleno en el presupuesto anual. La estrategia apunta a dosificar el gasto, en línea con la postura que mantiene desde la aprobación de la ley.

El núcleo del conflicto radica en los artículos que establecen la actualización salarial según la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y la sanción de la norma, además de la recomposición de becas y el financiamiento sostenido para la investigación universitaria. Desde el Gobierno advierten que la implementación total de estas medidas implica un costo fiscal significativo.

Cabe recordar que, al momento de la promulgación, el Ejecutivo dictó un decreto para limitar la ejecución de la ley hasta definir su financiamiento, decisión que ahora fue cuestionada por la Justicia.

A mediano plazo, el Gobierno prevé impulsar modificaciones en el Congreso, sin derogar la ley vigente, pero con la intención de reemplazar el esquema de actualización automática por uno más acotado, compatible con sus objetivos fiscales.

Como antecedente, en el oficialismo mencionan la Ley de Emergencia en Discapacidad, que también fue reglamentada por decreto tras tensiones judiciales, y no descartan una estrategia similar en el caso universitario.