El Gobierno nacional confirmó modificaciones en el sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y rechazó un reclamo presentado por cámaras del sector que buscaban frenar los cambios. La decisión quedó oficializada mediante el Decreto 139/2026, publicado el 9 de marzo en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía Luis Caputo.

La medida ratifica las reformas introducidas previamente en el Decreto 196/2025, que modificó la reglamentación de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial 24449. El planteo había sido impulsado por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica de Vehículos de Autotransporte Interjurisdiccional (Catrai), junto a empresas y particulares del sector.

Uno de los cambios más discutidos es la nueva frecuencia de los controles técnicos. Con la normativa vigente, los vehículos particulares cero kilómetro deberán realizar su primera revisión a los 5 años del patentamiento, en lugar de los 3 que regían anteriormente.

Además, los autos de hasta 10 años de antigüedad deberán realizar la verificación cada 2 años, lo que implica una extensión en los intervalos de control técnico.

Desde el Gobierno argumentaron que la medida se apoya en la evolución tecnológica del parque automotor y en estudios que indican que la mayoría de los siniestros viales se relacionan con errores humanos y no con fallas mecánicas.

Otro punto central de la reforma es la apertura del sistema de verificación a más prestadores. La normativa establece que las autoridades jurisdiccionales no podrán limitar la cantidad de talleres habilitados ni fijar tarifas obligatorias, con el objetivo de fomentar la competencia dentro del sector.

Las cámaras empresarias cuestionaron esta medida al considerar que permitir que concesionarias, importadores u otros talleres realicen la revisión podría afectar la imparcialidad del control técnico.

Sin embargo, el Ejecutivo sostuvo que la transparencia del sistema se garantiza mediante mecanismos de fiscalización y auditoría del proceso, y no restringiendo quién puede prestar el servicio.

Finalmente, el Poder Ejecutivo concluyó que los argumentos presentados en el reclamo no modifican los fundamentos de la reforma, por lo que decidió rechazar la presentación administrativa y mantener vigentes los cambios en el sistema de revisión técnica vehicular.