En los últimos años, Corrientes fue escenario de una serie de juicios ambientales que marcaron un antes y un después en la forma en que la Justicia provincial aborda la contaminación y el riesgo ambiental. Lejos de tratarse de procesos aislados, los expedientes revelan un patrón común: la reiteración de prácticas históricas —basurales a cielo abierto, vuelcos cloacales sin tratamiento y manejo deficiente de sustancias peligrosas— que chocan con estándares ambientales cada vez más exigentes.

Uno de los casos más resonantes es el de Santo Tomé, donde el Superior Tribunal de Justicia confirmó en 2024 una sentencia que obliga al municipio a erradicar el basural a cielo abierto y avanzar con un plan integral de gestión de residuos. La causa se inició a partir de un amparo ambiental que denunció la falta de estudios de impacto ambiental actualizados y el riesgo para la salud de la población. El fallo no solo ordenó el cierre del basural, sino que impuso informes periódicos para garantizar el cumplimiento efectivo de la medida.

Un escenario similar se dio en Mercedes, donde la Justicia provincial también ratificó una condena contra el municipio por la existencia de un basural a cielo abierto de gran extensión. En este caso, la demanda fue impulsada por la Fiscalía de Investigación Ambiental y Rural, que acreditó el daño ambiental colectivo. El fallo dejó en claro que la falta de recursos no exime a los gobiernos locales de su obligación de proteger el ambiente y la salud pública, aunque el verdadero desafío quedó planteado en la etapa de ejecución.

Otro antecedente clave es el de Curuzú Cuatiá, donde una Cámara Civil ordenó en 2017 la clausura de un basural instalado en un predio privado sin habilitación ni estudio de impacto ambiental. La resolución dispuso el cese inmediato del vertido de residuos y prohibió nuevas disposiciones hasta cumplir con la normativa vigente, reforzando la idea de que la actividad contaminante no puede continuar bajo ningún pretexto administrativo.

En materia de efluentes cloacales, Goya se convirtió en un caso testigo. Tras más de una década de reclamos, en 2023 el Superior Tribunal condenó a la empresa concesionaria del servicio de agua y cloacas a construir y poner en funcionamiento una planta de tratamiento, luego de comprobar el vertido de líquidos cloacales sin tratar al riacho local y la persistencia de olores nauseabundos. La sentencia involucró también al Estado provincial, al que se le ordenó aportar recursos del fondo fiduciario, y al municipio, que debía garantizar el cumplimiento de las ordenanzas ambientales.

En la misma ciudad, la Justicia confirmó años antes una condena indemnizatoria a favor de vecinos afectados por emanaciones cloacales, estableciendo un precedente relevante: nadie tiene un derecho adquirido a contaminar, aun cuando la actividad lleve años realizándose sin controles efectivos.

Un capítulo distinto, pero igualmente significativo, es el del uso de sustancias peligrosas, como el caso de los transformadores con PCB en la ciudad de Corrientes. En 2013, el Superior Tribunal confirmó la reubicación de equipos eléctricos ubicados en una zona urbana, pese a que los niveles detectados no superaban los mínimos legales. El fallo se apoyó en el principio de prevención, al considerar el riesgo potencial que implicaría un incendio y la liberación de dioxinas altamente tóxicas.

En conjunto, estos juicios muestran una tendencia clara: la Justicia correntina avanza hacia una interpretación más estricta del derecho ambiental, donde no es necesario esperar el daño consumado para intervenir. Sin embargo, también dejan al descubierto una deuda estructural: muchas sentencias quedan condicionadas a su efectiva ejecución, con plazos largos y controles irregulares que ponen a prueba la voluntad política y la capacidad de gestión de los responsables.

Así, los juicios ambientales en Corrientes no solo exponen los pasivos acumulados durante décadas, sino que plantean un interrogante central hacia el futuro: si los fallos lograrán traducirse en mejoras reales y sostenidas en la calidad ambiental de las comunidades afectadas.