Santo Tomé vive horas de conmoción tras conocerse que un hombre condenado por múltiples delitos de abuso sexual volvió a violar, esta vez a una joven con síndrome de Down de unos 30 años. El hecho ocurrió el viernes 26 de septiembre y fue denunciado por familiares de la víctima, quienes alertaron sobre los abusos cometidos por la pareja de su madre.

La investigación policial permitió detener de inmediato al acusado, aunque lo que más indignación generó fue que el sujeto ya había sido condenado pocos días antes por el Tribunal Oral Penal N° 2 de Corrientes Capital a diez años de prisión efectiva. Pese a la gravedad de los delitos, los jueces resolvieron que permaneciera en libertad hasta que la sentencia quedara firme.

El caso expuso nuevamente las críticas hacia decisiones judiciales consideradas “garantistas”, que permiten que personas con condenas de cumplimiento efectivo continúen libres mientras los fallos son apelados. Productores, organizaciones sociales y ciudadanos se preguntan por qué la Justicia no hace cumplir de inmediato las penas, exponiendo a la sociedad a nuevos ataques.

La situación reavivó el debate sobre la responsabilidad judicial y la necesidad de reformas que eviten que condenados por delitos aberrantes sigan delinquiendo mientras esperan la confirmación de sus sentencias.