La Libertad Avanza se presenta como el partido de la pureza anticasta, pero sus propios cuadros exhiben un prontuario difícil de ocultar. En distintas provincias, candidatos y referentes acumulan denuncias por delitos que van desde estafas hasta abusos sexuales.

En Neuquén, la diputada Nadia Márquez —ligada a la facción evangélica de ACIERA— arrastra una vieja causa por estafas con cursos falsos y fue salvada de una condena a través de probation. En Salta, el concejal Pablo López enfrenta denuncias por abuso sexual y extorsión, mientras la diputada María Emilia Orozco responde con ataques a la prensa cada vez que el escándalo gana espacio mediático.

En Chubut, Ricardo Bustos fue detenido tras violar una restricción judicial, y en Santa Fe, Silvio Garbolino ganó una elección comunal apenas días después de salir de prisión por fraude millonario. En Corrientes, el diputado Claudio Lisandro Almirón —acusado de falsificar la firma de su abuela para quedarse con una herencia— es nada menos que candidato a gobernador.

Misiones suma su cuota con la concejala Patricia Buckmayer, suspendida por reivindicar la dictadura en redes sociales, mientras que en Río Negro, la diputada Lorena Villaverde enfrenta un embargo por 50 millones de pesos por venta irregular de terrenos en Las Grutas.

En Buenos Aires y la órbita nacional, el elenco no se queda atrás: la ministra Sandra Pettovello fue imputada por una transferencia millonaria irregular, Juan Pazo es investigado por bienes ocultos en el exterior y Mariano Cúneo Libarona quedó filmado ofreciendo lobby judicial y mediático.

El discurso de “moral anticasta” contrasta con un mosaico de causas judiciales y denuncias que atraviesa a la fuerza oficialista de norte a sur. Una paradoja: mientras Milei denuncia corrupción en la política tradicional, sus candidatos y funcionarios acumulan acusaciones que van desde la estafa a la violencia sexual.