Diversos sectores del Congreso
avanzan en la discusión de proyectos que proponen cambios en el esquema
sindical argentino, con iniciativas que van desde la eliminación de los aportes
solidarios obligatorios hasta la limitación de los mandatos gremiales y la
exigencia de mayor transparencia financiera.
El legislador de la UCR, Martín
Tetaz, había impulsado el año pasado un dictamen para democratizar el sistema
sindical, estableciendo límites a las reelecciones de dirigentes, eliminando la
cuota solidaria y garantizando un cupo femenino en las organizaciones. Sin embargo,
el proyecto no prosperó por falta de quórum en la Cámara de Diputados.
Uno de los puntos más
controversiales es la eliminación de la cuota solidaria, un aporte que deben
realizar todos los trabajadores, estén o no afiliados al sindicato. La diputada
Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) denunció que los sindicatos han
encontrado mecanismos para obligar a quienes se desafilian a seguir
contribuyendo financieramente, lo que encarece los costos laborales.
En la misma línea, el diputado
radical Luis Picat presentó un proyecto para prohibir las contribuciones de
empleadores a los sindicatos, sosteniendo que estos aportes desvirtúan el
sistema y afectan patrimonialmente a los trabajadores. “La libertad sindical
implica el derecho a no solventar económicamente un sindicato al cual no se
está afiliado”, argumentó.
Por otro lado, el diputado Fabio
Quetglas propuso una reforma más amplia que busca no solo eliminar los aportes
solidarios, sino también limitar los mandatos sindicales a un máximo de cuatro
años, exigir declaraciones juradas a los líderes gremiales y publicar
obligatoriamente los informes financieros de los sindicatos.
Desde el PRO, la diputada Marcela
Pagano puso el foco en la falta de transparencia en el manejo de los fondos
gremiales, señalando que en algunos sectores se recaudan cifras millonarias sin
que haya un mecanismo claro de rendición de cuentas.
El debate sobre la reforma sindical
promete ser uno de los más intensos en el Congreso, con posturas enfrentadas
entre quienes buscan mayor transparencia y control sobre los gremios y quienes
defienden el modelo actual de financiamiento sindical.