Crisis Educativa: El Gobierno apelará fallo por financiamiento universitario
01/04/2026
La Justicia ordenó actualizar salarios, becas y fondos de investigación y el Ejecutivo busca revertir la medida
El Gobierno nacional decidió apelar el fallo judicial que
ratificó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795),
que obliga a actualizar
salarios docentes y no docentes, recomponer becas estudiantiles y garantizar
partidas para investigación.
La resolución fue confirmada por la Cámara en lo
Contencioso Administrativo Federal, que avaló la medida
cautelar sobre la norma sancionada en octubre de 2025 tras la insistencia del
Congreso. Frente a este escenario, el Ejecutivo presentará un recurso
extraordinario y, en caso de rechazo, recurrirá a la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
En paralelo, el oficialismo analiza cumplir
parcialmente con la decisión judicial mediante transferencias mensuales,
con el objetivo de evitar un impacto fiscal pleno en el presupuesto anual.
La estrategia apunta a dosificar el gasto, en línea con la postura que
mantiene desde la aprobación de la ley.
El núcleo del conflicto radica en los artículos que establecen la actualización
salarial según la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y la sanción de
la norma, además de la recomposición de becas y el financiamiento sostenido para la
investigación universitaria. Desde el Gobierno advierten que la
implementación total de estas medidas implica un costo fiscal significativo.
Cabe recordar que, al momento de la promulgación, el Ejecutivo
dictó un decreto para limitar la ejecución de la ley hasta definir su financiamiento,
decisión que ahora fue cuestionada por la Justicia.
A mediano plazo, el Gobierno prevé impulsar modificaciones en el
Congreso, sin derogar la ley vigente, pero con la intención de reemplazar el
esquema de actualización automática por uno más acotado,
compatible con sus objetivos fiscales.
Como antecedente, en el oficialismo mencionan la Ley de
Emergencia en Discapacidad, que también fue reglamentada por
decreto tras tensiones judiciales, y no descartan una estrategia similar en el
caso universitario.
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