Memoria: La teoría de los dos demonios, en debate a 50 años del golpe
24/03/2026
El enfoque que equipara la violencia de los años 70 vuelve al centro de la discusión histórica y política, mientras crecen las críticas que señalan que diluye la responsabilidad del Estado en el terrorismo desplegado durante la dictadura iniciada en 1976.
A medio siglo del golpe de Estado de 1976, la
llamada teoría de los dos demonios continúa siendo uno de los ejes más
controvertidos en la interpretación del pasado reciente argentino. Esta lectura
sostiene que la violencia política de los años setenta fue producto de un
enfrentamiento entre dos fuerzas equivalentes: las organizaciones armadas y el
aparato represivo estatal. Sin embargo, el avance de investigaciones
históricas, fallos judiciales y testimonios acumulados a lo largo de décadas ha
puesto en cuestión esa equivalencia.
El concepto tomó
fuerza en los primeros años de la recuperación democrática, especialmente a
partir del prólogo original del informe Nunca Más de 1984, donde se
planteaba que el terror provenía tanto de la extrema derecha como de la extrema
izquierda. En ese contexto, la formulación funcionó como una herramienta
política para explicar un período traumático y facilitar la transición
institucional, en un escenario donde las Fuerzas Armadas aún conservaban poder
y capacidad de presión.
No obstante, con el
paso del tiempo, esa interpretación fue crecientemente cuestionada por
organismos de derechos humanos, juristas e investigadores. La crítica central
apunta a que la teoría establece una falsa equivalencia entre actores profundamente
desiguales. Mientras las organizaciones armadas actuaban de manera
clandestina y limitada, el Estado desplegó un aparato sistemático,
planificado y masivo de represión, utilizando todos los recursos
institucionales a su alcance.
Durante la dictadura,
ese accionar se tradujo en secuestros, torturas, desapariciones forzadas,
asesinatos, apropiación de menores y la instalación de cientos de centros
clandestinos de detención. La represión no se limitó a integrantes de
organizaciones armadas, sino que alcanzó a trabajadores, estudiantes,
docentes, militantes sociales y ciudadanos sin participación armada, lo que
refuerza la idea de un plan orientado a disciplinar a la sociedad en su
conjunto.
Uno de los puntos
más señalados por la historiografía es que, a diferencia de una guerra
convencional, el accionar del Estado se caracterizó por la clandestinidad
absoluta, la ausencia de registros oficiales y la eliminación sistemática
de pruebas. La desaparición forzada de personas se convirtió en un método
central, lo que distingue ese período de otros episodios de violencia política.
La revisión de esta
narrativa se consolidó con la reedición del informe Nunca Más en 2006, donde se
cuestionó explícitamente la interpretación que justificaba el terrorismo de
Estado como respuesta a la violencia insurgente. En paralelo, la Justicia
argentina avanzó en el juzgamiento de los responsables, estableciendo que los
crímenes cometidos durante la dictadura constituyen delitos de lesa
humanidad, imprescriptibles y no equiparables a otros hechos de violencia
política.
En ese marco,
distintos fallos judiciales remarcaron el carácter organizado, sistemático y
estatal del plan represivo, diferenciándolo de otras formas de violencia.
Esta posición fue clave para consolidar un consenso jurídico que rechaza la
equivalencia implícita en la teoría de los dos demonios.
Sin embargo, el
debate no se encuentra cerrado. En distintos momentos, sectores políticos y
mediáticos han retomado esta interpretación para relativizar la magnitud del
terrorismo de Estado o plantear lecturas simétricas del pasado, lo que
reaviva tensiones en torno a la memoria colectiva.
A 50 años del
golpe, la discusión sobre la teoría de los dos demonios no solo interpela la
reconstrucción histórica, sino también el presente. Para amplios sectores, el
eje ya no pasa por negar la existencia de violencia política en los años
setenta, sino por establecer con claridad que lo ocurrido desde 1976 implicó la
utilización del Estado como herramienta de represión ilegal, sistemática y
masiva, una diferencia que resulta central para comprender el período y
sostener los pilares de memoria, verdad y justicia.
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