Un primo del legislador de La Libertad Avanza lo denunció por maniobras fraudulentas para apropiarse de la vivienda de su abuela fallecida. La denuncia penal apunta también a familiares y allegados del dirigente correntino, en un caso que ya sacude la política provincial.
Un escándalo judicial y familiar de
alto voltaje político estremece a la provincia de Corrientes. Eduardo Gómez,
primo del actual diputado nacional Lisandro Almirón (La Libertad Avanza),
denunció públicamente que el legislador y varios integrantes de su entorno
habrían falsificado documentos para apropiarse del único inmueble perteneciente
a la fallecida abuela de ambos, Priscila Brizuela.
La denuncia, realizada ante la UFIC
N.º 5 y también en el fuero civil, incluye delitos como falsificación de
instrumento público y estafa, y compromete directamente a Lisandro Almirón, a
sus hermanos Carlos Hernán y Cinthia Elizabeth, a la abogada Marta Susana
Marcoré (suegra del diputado), y a la escribana María Alicia Gamba Landi, ya
sancionada en el pasado por su rol en otra causa por estafas.
Según relató Gómez a Radionord, el
documento que permitió la transferencia del inmueble —un “Poder Especial
Irrevocable” firmado el 28 de febrero de 2013— habría sido rubricado por
Brizuela cuando ya se encontraba internada en estado crítico. Un peritaje
caligráfico determinó que la firma es falsa, y existen pruebas médicas que
demuestran que el certificado psiquiátrico usado para justificar la operación
fue emitido por un profesional que ni siquiera trabajaba en el lugar
mencionado.
La vivienda —ubicada en el barrio
Bañado Norte de la capital correntina— fue transferida exclusivamente a nombre
de los hermanos Almirón, dejando fuera al resto de los herederos. Gómez
sostiene que posee la escritura original y que la firma utilizada en la
operación no coincide con la auténtica.
La causa civil busca declarar la nulidad
de la compraventa, y ya se tramita ante el Juzgado Civil y Comercial N.º 12 de
Corrientes. El hecho ha generado fuerte repercusión debido al perfil público
del diputado Almirón, quien se presenta como parte de la lucha contra "la
casta" pero ha tenido un pasado político vinculado al peronismo, el
kirchnerismo y otros espacios tradicionales.
Como agravante, el entorno familiar
del legislador también ocupa cargos públicos: su esposa, Laura Peralta Marcoré,
es funcionaria nacional del Ministerio de Capital Humano, y su hermana, Cinthia
Almirón, coordina políticas sociales en el PAMI-Corrientes.
El caso promete escalar en los
próximos días y podría convertirse en un punto de inflexión dentro del discurso
anticorrupción de algunos sectores libertarios.
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