La Justicia federal ordenó levantar el secreto fiscal y bancario
de Francisco
Adorni, hermano del vocero presidencial Manuel Adorni y actual
diputado bonaerense de La Libertad Avanza, en el marco de una causa por
presunto enriquecimiento ilícito.
La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián
Casanello, quien hizo lugar a un pedido del fiscal Guillermo
Marijuán para avanzar sobre movimientos financieros, bienes,
cuentas bancarias y declaraciones patrimoniales del legislador provincial.
La investigación se originó tras una denuncia presentada por la
diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió posibles
inconsistencias en la evolución patrimonial de Francisco Adorni, cuyo
patrimonio habría aumentado un 84% en apenas un año.
Según el expediente judicial, la Justicia busca determinar el
origen de bienes, operaciones financieras y un crédito hipotecario de 60
millones de pesos detectado durante la investigación.
Francisco Adorni ocupó cargos en el Ministerio de Defensa y
posteriormente quedó al frente del Instituto de Ayuda Financiera para retiros y
pensiones militares antes de asumir como diputado bonaerense por La Libertad
Avanza.
El fiscal Marijuán aclaró que esta investigación se concentra
exclusivamente en el patrimonio de Francisco Adorni, mientras que la situación
judicial de Manuel Adorni continúa en otro expediente que tramitan el juez
Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.
En el marco de las medidas ordenadas, organismos como ARCA, ARBA,
AGIP, el Banco Central, Migraciones y la Unidad de Información Financiera
deberán aportar información sobre bienes, cuentas, movimientos financieros,
viajes al exterior y posibles vínculos societarios.
Además, el Banco Provincia deberá entregar detalles completos
sobre el crédito hipotecario investigado, incluyendo cronograma de pagos, refinanciaciones
y documentación respaldatoria.
La Justicia también pidió informes sobre propiedades registradas
desde 2020, compra de moneda extranjera, movimientos bancarios, cajas de
seguridad, plazos fijos y participación en sociedades comerciales.
La causa continúa en etapa de recolección de pruebas y podría
avanzar sobre nuevas medidas judiciales en las próximas semanas.









