Un sindicato docente de Corrientes solicitó formalmente al Ministerio de Educación provincial que aumente y regularice las partidas alimentarias destinadas a las escuelas públicas, luego de denuncias por suspensiones en la entrega de copa de leche y recortes en alimentos preelaborados en establecimientos del interior.

La presentación fue dirigida a la ministra de Educación, Ana Miño, donde la entidad expresó su “preocupación y rechazo” ante la reducción de recursos destinados a la alimentación escolar, situación que afecta principalmente a estudiantes en condición de vulnerabilidad social.

Según el documento firmado por el secretario general Fernando Ramírez, docentes, directivos y comunidades educativas comenzaron a organizar campañas solidarias para recolectar leche, azúcar, galletitas, gas y otros insumos básicos con el objetivo de garantizar la alimentación de los alumnos.

Desde el gremio remarcaron que la asistencia alimentaria escolar resulta fundamental en el actual contexto económico y social, ya que permite sostener la permanencia educativa y brindar contención a miles de estudiantes.

Además, advirtieron que la demanda alimentaria en escuelas y comedores comunitarios se triplicó durante el último año, en medio del aumento del desempleo, la pérdida del poder adquisitivo y el incremento del costo de vida.

El sindicato sostuvo que cerca del 70% de los alumnos correntinos estaría por debajo de la línea de pobreza, mientras que más del 55% de los responsables familiares atraviesan situaciones de desempleo o informalidad laboral.

En ese marco, solicitaron la normalización inmediata de las partidas alimentarias, garantizar la continuidad de la copa de leche y reforzar la provisión de alimentos en las escuelas públicas, especialmente en aquellas con estudiantes en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

También reclamaron transparencia sobre la situación presupuestaria del sistema alimentario escolar y pidieron al Gobierno provincial que gestione ante Nación la restitución de fondos para programas educativos, infraestructura escolar, becas y tecnología.

La entidad sindical vinculó además esta problemática con el desfinanciamiento nacional del sistema educativo y aseguró que entre 2024 y 2026 los programas nacionales destinados a educación obligatoria sufrieron una caída real acumulada del 76,5% en la inversión federal.