El Gobierno de Corrientes decidió no avanzar con el pago del 6% de aumento salarial para trabajadores judiciales, previsto para abril, lo que generó un fuerte malestar y abre la puerta a un conflicto gremial.

La medida fue comunicada a través de un documento firmado por el ministro de Hacienda, Héctor Grachot, quien argumentó “limitaciones presupuestarias” y advirtió que, de otorgarse la suba, el Poder Judicial podría quedarse sin fondos a partir de junio.

El incremento había sido dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes en febrero, con un total del 12% en dos tramos. El primero fue abonado en marzo, pero el segundo, correspondiente a abril, quedó sin efecto por decisión del Ejecutivo.

Desde el área económica se indicó que la implementación de ese porcentaje implicaría un costo de entre 38.000 y 48.000 millones de pesos, lo que —según el Gobierno— comprometería la sostenibilidad financiera.

El gobernador Gustavo Valdés sostuvo que la situación responde a un contexto general de caída de recursos y pidió mayor eficiencia en la administración, tanto en el Estado provincial como en los municipios.

El conflicto se enmarca en un escenario más amplio de tensión económica en la provincia, con intendencias que reportan dificultades para pagar salarios y reclamos crecientes por el impacto del ajuste.

En este contexto, desde distintos sectores advierten que la negativa a cumplir con el aumento dispuesto podría profundizar el malestar en el ámbito judicial y derivar en medidas de fuerza en las próximas semanas.