El Tribunal de Juicio de Mercedes comenzó este martes
el debate
oral contra el ganadero Rómulo A. Bobbio, acusado del delito de
administración
fraudulenta en una causa que investiga la desaparición de 1.966 cabezas
de ganado entregadas en consignación para su guarda y posterior
venta.
La causa, originada en una denuncia presentada en 2019, es considerada
una de las investigaciones por delitos rurales de mayor impacto económico en los
últimos años en Corrientes.
De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio impulsado por el fiscal
subrogante Oscar Cañete, la empresa LANDVER S.A.
habría acordado con el acusado el traslado de los animales al establecimiento “Santa Ana
del Trébol”, ubicado en la Primera Sección de Curuzú Cuatiá.
Según la acusación, tras sucesivas renovaciones del contrato y ante la falta de
respuestas sobre el estado del ganado, la firma intentó
recuperar la hacienda, pero no logró concretar el retiro de los animales.
Uno de los momentos clave de la investigación ocurrió cuando representantes
de la empresa se presentaron en el campo junto a un escribano para retirar los
vacunos, pero el imputado habría impedido el procedimiento, lo
que derivó en la intervención judicial.
Posteriormente, allanamientos realizados por la Unidad de Policía Rural
confirmaron la inexistencia de casi la totalidad de los animales en el predio,
lo que consolidó la hipótesis acusatoria.
Entre los puntos centrales de la investigación se destacan:
·
Faltante:
cerca de 2.000
vacunos que habrían sido retirados del establecimiento por
quien debía custodiar la hacienda.
·
Perjuicio económico:
estimado inicialmente en $50.000.000 en 2019, cifra que la querella
actualiza actualmente en aproximadamente 2 millones de dólares.
·
Maniobra investigada:
presunto incumplimiento
del contrato de consignación y negativa de restitución del ganado.
El tribunal está presidido por Jorge Alberto Troncoso,
acompañado por los vocales Juan Manuel Ignacio Muschietti y Ramón Alberto
Ríos.
Durante las próximas audiencias se prevé la declaración de directivos de
la empresa damnificada, transportistas de la hacienda y responsables de los
operativos sanitarios de vacunación del ganado, cuyos registros
podrían aportar datos relevantes sobre el destino de los animales.
En tanto, la defensa del imputado, a cargo del defensor oficial subrogante
Gustavo Grinberg, sostiene como estrategia negar la
validez del convenio de consignación, y con ello la
responsabilidad penal de Bobbio en los hechos investigados.
El delito de administración fraudulenta, contemplado en el artículo 173
inciso 7° del Código Penal, prevé penas que
podrían derivar en una condena de cumplimiento efectivo,
especialmente debido a la magnitud del perjuicio económico denunciado.









