Un grupo de abogados que representan a presuntas víctimas de la criptomoneda $Libra en Estados Unidos analiza avanzar con una investigación criminal contra el presidente Javier Milei en tribunales de Nueva York, en el marco de la causa vinculada al lanzamiento y promoción de ese activo digital.

La posibilidad fue anticipada durante una reunión virtual reservada con integrantes de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados argentina, donde los letrados explicaron que evalúan ampliar la estrategia judicial que ya se desarrolla en el ámbito civil.

Según trascendió, los abogados solicitaron copias certificadas de las conclusiones y pruebas reunidas por la Comisión $Libra del Congreso, con el objetivo de incorporarlas al expediente que tramita en Estados Unidos y eventualmente iniciar una querella penal.

Entre los documentos requeridos figuran registros de llamadas telefónicas entre el empresario cripto Mauricio Novelli y los hermanos Javier y Karina Milei, que habrían ocurrido en las horas previas y posteriores al lanzamiento de la criptomoneda en febrero de 2025.

De acuerdo con las versiones surgidas del caso, los peritajes sobre dispositivos electrónicos habrían detectado contactos telefónicos vinculados al momento en que se promocionó el activo digital, lo que para los denunciantes podría indicar coordinación entre los promotores del proyecto y el mandatario.

En paralelo, también trascendió la existencia de un documento hallado en el celular de Novelli que sugeriría un supuesto acuerdo económico por alrededor de 5 millones de dólares para promocionar la criptomoneda. Esa información forma parte de la documentación que analizan los abogados de los damnificados.

La comisión parlamentaria que investiga el caso está presidida por el diputado Maximiliano Ferraro, y algunos de sus integrantes confirmaron el contacto con los representantes legales en Estados Unidos, mientras que otros señalaron no tener información sobre la reunión.

El escándalo comenzó tras el lanzamiento de $Libra, una criptomoneda que fue promocionada públicamente y luego perdió valor, lo que derivó en denuncias de inversores que aseguran haber sido perjudicados. De hecho, ya existe una demanda colectiva presentada en Nueva York en nombre de más de 200 presuntas víctimas.

Con la incorporación de nuevas pruebas y el eventual pedido de documentación al Congreso argentino, la investigación podría escalar hacia una instancia penal internacional, lo que abriría un escenario judicial complejo para el entorno presidencial.