El 28 de septiembre del año 2000, la tragedia
golpeó a la familia Camm en Georgetown, Indiana. Kim, esposa de David, y sus
hijos Bradley (7) y Jill (5) fueron hallados muertos a balazos en el garaje de
su casa. Apenas tres días después, Camm, ex agente de la policía estatal, fue
acusado formalmente del triple crimen. La acusación se basó en teorías poco
firmes y en los informes de un supuesto “experto” en manchas de sangre que, con
el tiempo, resultó ser un impostor sin formación científica.
Durante los primeros procesos judiciales, se
construyó contra él un relato de infidelidades y mala conducta, dejando de lado
pruebas claves que podían haber cambiado el rumbo de la causa. Entre ellas, una
camiseta con la palabra “Backbone” escrita en el cuello y manchas de sangre que
no pertenecían a David, además de una huella de palma en la ventanilla del auto
que nunca fue correctamente analizada.
En 2002 un jurado lo condenó a 195 años de prisión.
Esa sentencia fue anulada en 2004 por irregularidades. En un segundo juicio, en
2006, volvió a ser condenado a perpetua sin libertad condicional. La fiscalía,
incluso, utilizó el testimonio de un convicto como pieza central, a pesar de
que había claros conflictos de interés. Nuevamente, la condena fue anulada años
más tarde.
Recién en 2013, tras un tercer juicio y con nuevas
pruebas de ADN que lo desvinculaban de la escena del crimen, un jurado declaró
a David Camm inocente de todos los cargos. Para entonces había pasado trece
años tras las rejas, atravesando una odisea judicial que mostró cómo el sistema
se empeñó en culparlo mientras el verdadero asesino, Charles Boney, permanecía
libre. Boney fue finalmente condenado a cadena perpetua y se comprobó que su
ADN estaba en varias de las prendas de las víctimas.
El caso dejó al descubierto negligencias, pericias
manipuladas y una justicia atravesada por intereses políticos. Tras su
absolución, Camm inició una serie de demandas millonarias contra el Estado de
Indiana y los funcionarios que participaron en la causa.
Fuente: Infobae
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