En un hecho considerado histórico para Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés firmó este martes convenios con los municipios de Ituzaingó, Isla Apipé y Villa Olivari para que comiencen a percibir mensualmente las regalías hidroeléctricas correspondientes por la represa de Yacyretá. El acto se llevó a cabo en la sede municipal de Ituzaingó, en cumplimiento de la Ley Provincial N°6028, sancionada en 2010.

Acompañaron al mandatario los intendentes Candelaria Vargas (Isla Apipé) y Juan Pablo Valdés (Ituzaingó), junto a autoridades provinciales y representantes de los municipios. El acuerdo prevé que los fondos se destinen a obras de infraestructura, claves para el desarrollo local.

"Durante más de 25 años, la Nación generó energía desde Yacyretá sin pagarle a Corrientes las regalías que le correspondían por ley. Hoy comenzamos a reparar esa deuda histórica", expresó Valdés. Recordó además que la provincia mantiene una demanda ante la Corte Suprema de Justicia reclamando el pago completo de lo adeudado por el Estado nacional.

Según lo convenido, Ituzaingó percibirá 400 millones de pesos, Isla Apipé 118 millones y Villa Olivari 18 millones, fondos que provendrán de una cuenta recaudadora especial financiada por la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC).

Valdés explicó que si bien en 2018 se firmó con Nación un acuerdo para compensar la deuda mediante descuentos en las facturas eléctricas, ese mecanismo no alcanzaba directamente a los municipios. Por ello, su gobierno impulsó una vía alternativa para garantizar que los recursos lleguen a cada jurisdicción.

“Lo que hoy firmamos es la concreción de una lucha colectiva, sin banderías políticas, por lo que es justo. Y vamos a seguir insistiendo en que Nación cumpla con el pago de regalías en efectivo o en especie”, sostuvo el gobernador.

Desde los municipios, las voces coincidieron en resaltar el alcance del acuerdo. El intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, definió la jornada como “un hecho histórico” que permitirá avanzar con obras claves. En tanto, el viceintendente de Isla Apipé, Gustavo Figueredo, remarcó que se trata de una compensación vital para una comunidad “históricamente postergada” por los efectos de la represa.

Pablo Cuenca, presidente del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), recordó que la Ley 6028 no pudo instrumentarse antes por falta de voluntad política nacional, y valoró la gestión actual por concretar su aplicación. También se mostró esperanzado respecto al reclamo judicial por regalías de Yacyretá y Salto Grande.

Con esta acción, el Gobierno provincial da un paso firme en la defensa de los derechos energéticos y económicos de Corrientes. La lucha continúa, pero los municipios afectados por la represa comienzan, por fin, a ver los frutos de un reclamo largamente postergado.